El paradigma gubernamental de Puerto Rico se nutre de la democracia representativa. Este modelo se destaca por ceder los poderes decisionales a un pequeño grupo de personas. En ocasiones, por sus circunstancias sociales e históricas, algun@s de l@s funcionari@s electas no viven cercan@s a las realidades colectivas de las comunidades del país. A su vez la burocracia limita la participación ciudadana en el desarrollo de políticas públicas. En ocaciones la política pública es planificada de forma estándar y centralizada. En otras palabras vienen “pre-fabricadas” y se implementa sin tomar en cuenta las necesidades de los sectores. Esto se puede interpretar que la política pública va en sentido contrario a las necesidades quetienen las comunidades.

En los últimos años, el gobierno ha dejado “espacios vacíos” en el desarrollo social. La democracia representativa se ha apartado del fin de representar las mayorías. De esos espacios abandonados es que nace el liderato comunitario. Es decir, personas claves y con iniciativa que viven en la comunidad. Son personas que sufren las mismas necesidades y tienen un gran deseo de cambio. Al perder el gobierno la capacidad de satisfacer las necesidades de las comunidades, este liderato social se impone con el imperativo de la autogestión, desarrollo económico comunitario y la participación ciudadana. Muchos y muchas de este lideratocomunitario son ejemplo para el país. A veces tienen la opinión pública en contra y al sector oficialista del gobierno. No obstante, son escuchadospor gran parte del país por dos razones: padecen lo mismo que nosotr@s y toman acciones, son pro-activo en la hora de denunciar algún atropello. Se vuelven por un momento en el representante delbarrio o la comunidad ante el gobierno y ante el país, algo así como senadores(as) “motu proprio”. Ell@s, algun@s sinsaber, han demostrado la funcionalidad y necesidad de otro paradigma de país, la democracia participativa.

Ese liderato comunitario, a diferenciadel liderato político, no vive estático. Es cambiante dependiendo de las necesidades históricas del momento. Han evolucionado por las circunstanciasde la comunidad y el país. Han sido la voz de l@s excluid@s en losprocesos decididos por el gobierno. Han sido defensores y defensorasdel patrimonio histórico, cultural y ecológico. Ejemplos de ello sonlas movilizaciones contra la destrucciónde la Quebrada Chiclana en Caimito, la paralización del Gasoducto del Sur de Tallaboa durante el cuatreniode 2004. Han defendido la integridad de sus comunidades, como la defensa del arte público en Manuel A. Pérez, contrala brutalidad policiaca en el Residencial Candelaria de Mayagüez y las expropiaciones forzadas en el Barrio Bocade Barceloneta. El liderato comunitariono descansa en la fiscalización y continúa dando la lucha por la calidad de vida en las comunidades. Eso podemos verlo conlas recientes manifestaciones contra el Gasoducto de Norte a Sur en el 2010.

Sin duda alguna las comunidades, juntoa las organizaciones sin fines de lucro, al sector ambientalista y a l@s estudiantes les han dado cátedra de confiabilidad al gobierno y al país. Han demostrado que juntos se puede construir un nuevo país.

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Artículo publicado en Boletín Puentes, Esta es una publicación trimestral del Centro de Vinculación Comunitaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Forma de citar la referencia:
Cintrón Gutiérrez, L. (2010, Julio-Agosto).  La Importancia y aportaciones del liderato comunitario en Puerto Rico.Boletín Puentes, 20, P.1.

El 10 de diciembre de cada año se celebra a nivel global el Día Internacional de los Derechos Humanos. Cuando se escribió la Carta Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, para el 10 de diciembre de 1948, el mundo sufría muchos conflictos de carácter social, económico, político y étnico. Algunos ejemplos de ellos son: nazismo y fascismo que condujo la Segunda Guerra Mundial y la eventual entrada a la Guerra Fría entre los bloques soviéticos y los Estados Unidos. Esta carta se convirtió en un mecanismo supranacional para proteger la dignidad de las personas, evitar la represión y la discriminación por raza, sexo, religión o condición social. Este documento representó la síntesis de compromisos morales y éticos frente a los atropellos del estado a nivel global.

Antes de la adopción de esta Carta, y la incorporación de una similar en la nueva constitución del 1952 en Puerto Rico, much@s puertorriqueñ@s sufrían persecución o discriminación de todo orden. No obstante, las estructuras gubernamentales encargadas de velar por la ley y el orden se encargaron de levantar las famosas tarjetas y posteriormente las carpetas. Esto institucionalizó la discriminación por causas políticas y el uso de la violencia física y simbólica en la sociedad puertorriqueña. Tras la aprobación de las dos cartas de derechos, no hubo un cambio en la violación de derechos humanos y civiles de algunos sectores de la población. Para la década de los setenta se incrementó la persecución política y la violencia policiaca, cobrando la vida de personas como Antonia Martínez, Santiago Mari Pesquera y otras personas más. Otro proceso de violación de derechos humanos y privación de libertad fue la ocupación por parte de la Marina de Guerra estadounidense de Vieques y Culebra. Los incidentes sociales y materiales a causa de la presencia del cuerpo castrense en estas municipalidades fueron un tabú por muchos años. Según  Pedro Zenón, líder viequense,  la Marina llegó a fichar l@s viequenses con una tarjeta de identificación que incluía huellas dactilares con retratos y se les confinó a vivir en el centro de la isla, rodeados por esta base militar.

La discriminación no solo responde a ideología política. Al presente el gobierno no ha implantado una política educativa y social en contra de la discriminación de género, la homofobia, la xenofobia y la discapacidad. Un ejemplo es que por más de treinta años se mantuvo un Pleito de Clase contra el Departamento de Educación por no darle servicios de acceso a la educación a l@s estudiantes con impedimentos (Caso Rosa Lydia Vélez, No. KPE 80-1738). Además, el gobierno ha usado indiscriminadamente la fuerza policial contra movimientos civiles, siendo algunos casos notorios Villas del Sol, la huelga en la Universidad de Puerto Rico y las muertes injustificadas de confinados en la Institución Guerrero en Aguadilla. Estos asuntos han sido investigados por un Relator la Organización de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

No obstante, no todo es tempestad en Puerto Rico y el mundo. Muchos movimientos civiles y sociales han conquistado y alcanzado derechos que el estado anteriormente no había reconocido. Si no existieran movimientos sociales, al día de hoy nuestros derechos serían muy limitados. Un referente histórico, sin un Ruiz Belvis o un Betances, la esclavitud pudo haber durado mucho más tiempo. Sin una Rosa Parks, un Nelson Mandela y un Martin Luther King, la segregación racial sería la norma en el mundo. La protección de los derechos humanos está en nosotr@s. No hay actividad pequeña para la defensa de nuestros derechos.

 Como parte de una jornada, Amnistía Internacional, tanto en Puerto Rico como a nivel global, celebra cada 10 de diciembre un maratón de cartas solicitando apoyo para defensores y defensoras de los derechos humanos. Por su parte, La Fondita de Jesús y un grupo de egresad@s de la Universidad del Sagrado Corazón llevarán a cabo el próximo 16 de diciembre la actividad “Somos Calle”, con el fin de despertar conciencia sobre los derechos de las personas sin hogar.

Referencias:

Amnistía Internacional. 2010. Informe 2010 de Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos en el mundo. http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_ES.pdf. Rescatado el 8 de diciembre de 2010.

Unión Americana de Derechos Civiles, Capítulo de Puerto Rico. 2010. Investigación sobre las muertes de confinados en la Institución Correccional Guerrero: Hallazgos y Recomendaciones. http://www.aclu-pr.org/ES/Noticias/Publicaciones/report_informe_guerrero.pdf. Rescatado el 8 de diciembre de 2010.

---. 2008. Relator de la ONU investiga violaciones de derechos en Puerto Rico. Fuente www. Terra Networks. Publicado el 3 de junio de 2008.http://www.terra.com.pr/noticias/articulo/html/act1278015.htm. Rescatado el 8 de diciembre de 2010.

Zenón, P. fecha desconocida. La historia de la lucha del pueblo de Vieques. Portal de recursos para estudiantes. http://www.robertexto.com/archivo12/vieques.htm. Rescatado el 8 de diciembre de 2010

La Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico (Ley Núm.. 1 de 1 de marzo de 2001 o simplemente Ley de las Comunidades Especiales) nace en el año 2001 con un imperativo, explícito en su declaración de motivos, de auto-gestión y apoderamiento comunitario. Esto es el proceso integral mediante el cual las personas y sus comunidades reconocen y ejercen el pleno dominio y control de sus vidas partiendo desde su propio esfuerzo y poder. Esta ley se da dentro de un marco plagado de desigualdad social y económica y de género. 

Cerca de dos terceras (2/3) partes de la población del país vive bajo los niveles de pobreza y cerca de una tercera parte (1/3) de las familias están encabezada por mujeres. La Ley de las Comunidades Especiales reconocía como problema los altos niveles en el porcentaje de analfabetismo y deserción escolar, personas bajo el nivel de pobreza, desempleo y la gran cantidad de núcleos familiares donde predomina un sólo jefe de familia como único sustento. También reconoció el largo historial de problemas ambientales y deficiencia en la provisión de servicios básicos y las condiciones de vivienda. 

Por lo antes mencionado se creó la Oficina para el Financiamiento Socio-económico y Auto-gestión (OFSA). Esta oficina surge con el fin de fortalecer de forma socio económica a las familias, la organización de las comunidades y la rehabilitación física y ambiental de éstas. Con la creación de esta ley y su enmienda bajo la Ley Núm. 232 del año 2004 se acepta como una de las funciones de la OFSA la consulta comunitaria. Inclusive, la enmienda de 2004 ordena un proceso de vistas públicas y una consulta comunitaria para establecer planes estratégicos de desarrollo comunitario y la implementación de política pública. 

En el seno de la “Casa de las Leyes” pululan varios proyectos de ley que marcan un retroceso en el reconocimiento de la participación ciudadana. Hace poco más de dos semanas el Senado de Puerto Rico aprobó sendos proyectos con el fin de trastocar la auto-gestión y el proceso democrático de la participación comunitaria. El P. del S. 1575 propone enmendar varios artículos de la Ley de Comunidades Especiales con el fin de “eliminar la restricción” a los municipios de tener que obtener una Resolución conjunta de la Asamblea Legislativa para la expropiación de terrenos y viviendas dentro de las Comunidades Especiales. Esta resolución conjunta se supone que emane de la consulta comunitaria expuesta en la Ley de las Comunidades Especiales, según enmendada. Hay que resaltar que muchas de estas comunidades especiales se encuentran en lugares de gran valor para algunos sectores de la sociedad que creen en el desarrollo desmedido. Con este proyecto se eliminaría una de las protecciones que han tenido las comunidades ante los intentos de desarrollo desmedido y excluyente. Aunque “de jure” la nueva enmienda peticiona vistas públicas, todos y todas sabemos que “de facto” éstas se harán de forma enajenante y sin consulta a los afectados y afectadas. El mejor ejemplo de ello es que para este proyecto del senado no se consultó a las comunidades. 

Nos encontramos ante un nuevo paradigma gubernamental. Aún cuando no se implantó por completo la participación comunitaria, al menos se reconoció que ésta junto a la auto-gestión era parte de la solución a los problemas sociales, económicos y ambientales. Esta administración gubernamental ha sido consistente en la crítica a los gobiernos de Cuba y Venezuela por no regirse democráticamente. No obstante, con esta ley nuestro país quedaría preso de la demagogia del Estado porque con las enmiendas a la Ley de Comunidades Especiales se coartaría el desarrollo integral de las comunidades y la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Al día de hoy el proyecto se encuentra en la Cámara de Representantes, junto al P. de S. 1760. Este último exime a los municipios de entregar sus planes de ordenamiento territorial pase por el cedazo de la Junta de Planificación. Los dos proyectos se encuentran “sobre la mesa”, esperando ser bajados al “Floor” legislativo. Estos proyectos al momento de ser aprobados en la Cámara pasarán al Senado nuevamente. En el transcurso del proceso no se ha convocado vistas públicas y es muy probable que no se lleven a cabo nuevamente en el Senado. La única alternativa que le queda a la ciudadanía es actuar como cabilderos comunitarios y ciudadano, pasar por las oficinas de los y las representantes y persuadirles de que estos proyectos son un retroceso en el proceso democrático y en el proceso de transparencia gubernamental. Estas medidas, sin la participación ciudadana, pueden alentar a rescatar el espectro de la corrupción gubernamental, alentar la mezquindad de desarrolladores inescrupulosos y la enajenación de los procesos a las personas que sostenemos al país. 

NOTA: El autor del artículo es estudiante de Maestría en Comunicación con concentración en Medios y Cultura Contemporánea de la Universidad del Sagrado Corazón. Actualmente se desempeña como redactor del Centro de Vinculación Comunitaria (CVC) de dicha institución. Foto cortesía del Centro de Medios Independientes de Puerto Rico.